Royalty and Foundry Hernán Videla Lira

Por Ulises Carabantes Ahumada – Ingeniero Civil Industrial – Escritor

Ex Secretario Regional Ministerial de Minería y Energía de Atacama

Secretario Ejecutivo Corredores Bioceánicos Paso de San Francisco y Paso de Pircas Negras 

A partir del 12 de abril pasado se iniciaron las transferencias de recursos con cargo al royalty aplicado a la gran minería que opera en el país. Más de 93 mil millones de pesos (unos 100 millones de dólares) serán distribuidos entre más de trescientas comunas, léase municipalidades del país. De loos más de 93 mil millones algo más de 70 mil millones serán destinados a trescientas comunas bajo un concepto de equidad territorial y más de 22 mil millones a cuarenta y tres comunas donde existe actividad minera, bajo el concepto fondo común minero. Estamos hablando de grandes sumas de dinero provenientes de este impuesto específico cuya finalidad debe ser aumentar los recursos para las regiones junto con promover el desarrollo de la economía en áreas que vengan a reemplazar a la actividad minera cuando los recursos mineros que esta explota, que son escasos y no renovables, ya no existan. Esta es la razón de fondo de aplicar un royalty. Pero vemos que, de acuerdo con la ley, estos fondos serán destinados en gran medida a gastos corrientes para construcción de espacios públicos, cámaras de seguridad y otros que claramente no sientan las bases para el desarrollo económico futuro a través de la inversión de los cuantiosos capitales que se recaudarán con el royalty.

De acuerdo con lo que informa una página web del Gobierno, en régimen permanente, a partir de 2025; el royalty recaudará mil trescientos cincuenta millones de dólares, de los cuales cuatrocientos cincuenta millones de dólares (un tercio del total) serán destinados para potenciar el desarrollo de las regiones. La mitad de esta alta suma de dinero irá directo a las municipalidades del país, según lo explicado en el párrafo anterior, es decir, bajo el concepto de equidad territorial y el fondo común minero. La otra mitad, es decir, doscientos veinticinco millones de dólares se asignarán a los Gobiernos Regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, el que se ajusta en mayor medida a los objetivos de recaudación de este impuesto específico llamado royalty. Se supone que con estos recursos se irán sentando las bases para la economía futura del país y su desarrollo sostenible y sustentable. No obstante lo anterior, bueno sería que de la enorme cantidad de dinero que llegará a las municipalidades, una parte importante también sea usada para contribuir, desde la perspectiva comunal, a ir perfilando el desarrollo económico futuro, por ejemplo a través de la inversión en el fortalecimiento del capital humano de cada comuna. El royalty exige más inversión y no gasto, como es destinar los recursos provenientes de este impuesto específico a lo que siempre han hecho las municipalidades, construcción de plazas, instalación de cámaras de seguridad, semáforos y otros. Estas acciones deberían seguir siendo financiadas con los recursos que han tenido disponibles siempre las municipalidades.

En otro tema, más específico o atingente a nuestra región, pero no por ello desconectado del acontecer nacional, es el reciente nombramiento del ingeniero civil metalúrgico José Sanhueza Reyes como gerente del proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira. Sanhueza fue gerente general de la Fundición Hernán Videla Lira entre los años 1997 y 2007. Se trata de un profesional de gran experiencia en el área que viene de ocupar el cargo de gerente general en las fundiciones de Caletones y Ventanas, ejerciendo en el último tiempo el cargo de vicepresidente adjunto en Codelco. Atacama y el país esperan el mejor desempeño de este nuevo líder designado para un proyecto vital para la minería chilena, pues con el cierre de la fundición de Ventanas y la misma Fundición Hernán Videla Lira, durante la actual administración gubernamental Chile a involucionado, ha retrocedido en lo que se refiere al interés y objetivo permanente de agregar valor a nuestras riquezas básicas provenientes de la extracción minera.